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Los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos para que mantengan sus cualidades o recuperen algunas que han perdido durante su transformación. Pueden ser sintéticos o natura-les, y sólo se autorizan en cantidades controladas y para determinados productos. Buena parte de los productos que consumimos no podrían existir sin su empleo. Por su función en los alimentos, se clasifican en:
• Colorantes: añaden o devuelven al alimento su color original.
• Conservadores: dificultan el desarrollo de microorganismos, prolongando así la duración de los productos.
• Antioxidantes: impiden la degradación de los alimentos por oxidación de las grasas, o tras el contacto con el aire una vez abierto el envase.
• Acidulantes : acidifican el alimento, retrasando el desarrollo de hongos y bacterias.
• Espesantes, gelificantes, emulsionantes y estabilizadores: además de las funciones inherentes a su nombre, favorecen la retención de agua y evitan la formación de cristales.
• Edulcorantes y potenciadores del sabor: realzan el sabor del alimento.
Los aditivos autorizados aparecen en la lista de ingredientes que figura en el etiquetado de un producto alimenticio. Los países de la Unión Europea utilizan la letra "E" (de Europa), seguida de un número de tres o cuatro cifras que va precedido del nombre de la categoría a la que pertenece (colorante, conservador, antioxidante...).
Los aditivos también pueden mencionarse por su nombre completo. (Ej: sacarina o E-954; ácido láctico o E-270, etc.). Periódicamente y de forma anónima se divulgan unas listas de aditivos a los que se atribuyen riesgo y peligrosidad, y que aparecen firmadas por doctores y centros hospitalarios inexistentes. En
una de estas listas aparece, por ejemplo, el ácido cítrico o E-330 como el “más peligroso y cancerígeno”, cuando su inocuidad está científicamente demostrada, ya que este ácido está amplia-mente distribuido en las células vivas, tanto vegetales como animales, y es muy abundante en los frutos cítricos, como el limón. Esta lista ha sido desmentida por las autoridades sanitarias y por las asociaciones de consumidores de países de la
Unión Europea en numerosas ocasiones. Incluso existen sentencias judiciales en contra de quienes la defienden.
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